El Ministerio de Seguridad provincial confirmó que los padres serán responsables patrimoniales por los gastos que generen las falsas amenazas de sus hijos. La medida busca frenar la ola de intimidaciones y recuperar los fondos estatales desplegados en emergencias.
La creciente tendencia de realizar amenazas de tiroteos o bombas en colegios de Córdoba dejó de ser considerada una simple "travesura" para convertirse en un grave problema legal y financiero para las familias.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, anunció este viernes que la provincia ya comenzó a notificar a los padres para que resarzan al Estado por los costos de los operativos policiales.
Montos millonarios: ¿cuánto cuesta un operativo?
El despliegue de fuerzas de seguridad ante una alerta, aunque resulte falsa, demanda recursos humanos y logísticos masivos.
Según los datos oficiales, el esquema de cobros se divide según la magnitud del procedimiento:
- Operativos preventivos base: Los costos arrancan en los 4 millones de pesos.
- Despliegues de gran magnitud: Pueden escalar hasta los 15 o 16 millones de pesos.
- Amenazas de bomba: Debido a la intervención de brigadas de explosivos, bomberos y unidades de inteligencia, el costo puede llegar a los 17 millones de pesos.
Estos montos no tienen un fin recaudatorio, sino de resarcimiento, para que el dinero regrese a una cuenta especial destinada a equipar a la Policía de Córdoba,.
El respaldo legal: responsabilidad de los padres
La medida no se basa en multas aisladas, sino en el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que los progenitores deben responder con su patrimonio por los daños causados por sus hijos menores de edad.
Incluso en casos donde los adolescentes son considerados inimputables por su edad, la responsabilidad civil recae directamente sobre sus padres.
Hasta la fecha, en la ciudad de Córdoba se suman 29 alumnos imputados y otros 22 jóvenes identificados como autores de mensajes o llamadas amenazantes.
Un llamado a la reflexión en casa
Desde el área de crianza y educación, este escenario plantea una oportunidad urgente para conversar con los hijos sobre las consecuencias de sus actos digitales y presenciales.
Una frase en un azulejo o un mensaje en redes sociales no solo genera zozobra y miedo en la comunidad educativa, sino que ahora puede poner en riesgo la estabilidad económica de todo el grupo familiar.
