La Dirección General de Cultura y Educación autorizó un incremento escalonado que afecta a más de un millón de alumnos en establecimientos con aporte estatal para acompañar la actualización de los salarios docentes.
La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires autorizó este martes un nuevo esquema tarifario con aumentos del 5,5% para agosto y del 2,5% para septiembre que alcanzará a 1,2 millones de estudiantes matriculados en colegios privados con subvención estatal.
Esta medida busca compensar el reciente ajuste salarial acordado entre el gobierno provincial y los gremios docentes, el cual estipula un incremento del 7% acumulado para el bimestre de julio y agosto.
El regreso a las aulas el próximo lunes 3 de agosto se verá marcado por estas nuevas boletas que totalizan un incremento acumulado del 8,1% respecto a los valores que se aplicaron hasta julio.
Los nuevos valores por nivel educativo
Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), los topes arancelarios variarán de acuerdo al porcentaje de subvención que reciba cada institución para el pago de los haberes docentes,.
- En el nivel inicial y primario, las cuotas irán desde los $ 37.150 en colegios con 100% de aporte estatal hasta los $ 167.990 en aquellos con un 40% de subvención.
- Para la educación secundaria, los aranceles máximos se situarán entre los $ 40.960 y los $ 218.290 según el nivel de ayuda económica recibida del fisco.
- Los establecimientos de educación técnica, agraria o artística podrán cobrar cuotas que oscilarán entre los $ 47.200 y los $ 249.820 durante el mes de agosto.
Crisis y desafíos para las instituciones
Desde AIEPA advirtieron que este nuevo cuadro tarifario no alcanza a cubrir la totalidad de los incrementos de costos fijos y subas salariales que deben financiar los propios institutos con recursos propios.
El subsistema de gestión privada atraviesa una situación compleja marcada por un creciente índice de morosidad en los pagos y una caída en la matrícula debido a la reducción de los indicadores de natalidad.
Por fuera de esta regulación estatal quedan poco más de mil colegios que no perciben aportes públicos y fijan sus cuotas bajo criterios de mercado, superando en algunos casos los $ 1.200.000 mensuales.
Las autoridades provinciales mantienen contacto con los representantes del sector para intentar evitar el cierre de cursos o la reducción de servicios educativos en las escuelas de gestión no estatal.
