El legislador Matías Chamorro impulsa un proyecto para incorporar en la Justicia de Familia una herramienta destinada a casos de alta conflictividad entre progenitores. La propuesta busca evitar que niños, niñas y adolescentes queden en medio de disputas que se prolongan durante años. La abogada y coordinadora parental Verónica Búa explica cómo funciona la figura.
Una separación puede terminar con una pareja, pero no con la responsabilidad compartida sobre los hijos. El problema aparece cuando el conflicto entre los adultos se vuelve crónico: discusiones por los días de convivencia, horarios, comunicación, decisiones escolares o cuestiones cotidianas llegan una y otra vez a los tribunales y los acuerdos alcanzados dejan de cumplirse.
Para esos casos, un proyecto presentado en la Legislatura de Córdoba propone crear la figura del Coordinador o Coordinadora de Parentalidad, un profesional auxiliar de la Justicia que intervenga específicamente en familias de alta conflictividad.
“No se trata de sumar más litigio, sino de dar a las familias una herramienta que les permita sostener los acuerdos y generar una dinámica nueva, distinta, pero pacífica y en armonía”, explicó a Crecer Hoy el legislador socialista Matías Chamorro, impulsor de la iniciativa.
El objetivo central, remarcó, es cambiar el foco: “Es esencial que esté puesto en el interés, el cuidado y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes por sobre todas las cosas”.
¿Qué haría un coordinador parental?
No se trata de un nuevo juez, un terapeuta familiar ni un mediador. El proyecto lo define como un profesional designado judicialmente para trabajar con progenitores que atraviesan una conflictividad persistente, ayudarlos a implementar su plan de parentalidad y facilitar la comunicación y la toma de decisiones relacionadas con sus hijos. También podrá informar al tribunal sobre acuerdos y desacuerdos y realizar recomendaciones.
La abogada Verónica Búa, coordinadora parental y una de las especialistas que participaron de la mesa de trabajo convocada en la Legislatura, explicó que la figura aparece justamente frente a situaciones en las que la intensidad del conflicto supera lo que puede resolverse únicamente mediante sucesivas intervenciones judiciales.
La coordinación, entonces, trabaja sobre esa dinámica familiar cotidiana para intentar disminuir la confrontación y evitar que cada diferencia termine nuevamente en un expediente. No está pensada para cualquier separación: su campo específico son las familias de alta conflictividad.
El proyecto establece límites precisos. El coordinador no puede decidir cuestiones reservadas al juez, brindar tratamiento terapéutico, actuar como abogado de las partes ni intervenir en asuntos patrimoniales. Además, quedan excluidos aquellos casos en los que exista violencia familiar o de género u otras circunstancias por las cuales el tribunal considere inconveniente utilizar este dispositivo.
Una experiencia que Córdoba ya probó
Aunque la figura todavía no cuenta con una regulación provincial específica, Córdoba tiene antecedentes. Entre 2019 y 2021 se realizó una experiencia piloto en los juzgados multifuero de Villa Carlos Paz y Cosquín, dirigida a familias que recurrían sistemáticamente a la Justicia por cuestiones vinculadas con la parentalidad.
Según los fundamentos del proyecto, aquella experiencia permitió observar que la coordinación podía ayudar a descomprimir los conflictos, construir acuerdos parciales y progresivos y reducir la litigiosidad crónica.
La herramienta tampoco es nueva internacionalmente. El texto menciona antecedentes desde la década de 1990 en Estados Unidos, además de experiencias en Canadá y España. En Argentina existen programas o modalidades similares en Salta, Neuquén y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sacar a los chicos del medio
La iniciativa prevé además crear un Registro de Coordinadores de Parentalidad en el Tribunal Superior de Justicia. Para integrarlo se requerirá título universitario en salud mental, trabajo social o derecho, formación específica en derecho de familia y abordaje de conflictos familiares y experiencia profesional.
Chamorro convocó para trabajar sobre la propuesta a representantes del Poder Judicial, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, universidades, colegios profesionales, especialistas y organismos provinciales.
La premisa que atraviesa el proyecto es sencilla pero difícil de alcanzar cuando una separación se convierte en una batalla permanente: que los conflictos de los adultos dejen de tener a los hijos como escenario. La coordinación parental busca intervenir precisamente allí, cuando una sentencia judicial ya no alcanza para ordenar la vida cotidiana y es necesario reconstruir una forma posible de ejercer la parentalidad después de la ruptura.
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