Tras la aprobación de la reforma de la justicia penal juvenil en Argentina, especialistas destacan la necesidad de implementar un sistema especializado basado en evidencia y prevención.
Luego de que el Congreso aprobó la reforma del sistema penal juvenil en Argentina, especialistas de distintos campos insistieron en que cualquier implementación debe contemplar la evidencia científica sobre el desarrollo adolescente, fortalecer la prevención y avanzar hacia un sistema de justicia juvenil verdaderamente especializado.
Las conclusiones surgen de dos jornadas organizadas por Unicef Argentina, en las que participaron juristas, sociólogos, médicos, fiscales, jueces y funcionarios que trabajan en políticas de infancia.
El documento que reúne los principales aportes de esos encuentros plantea que la reforma del sistema penal juvenil debe basarse en evidencia, en estándares internacionales de derechos humanos y en estrategias que prioricen la reinserción social.
Según el análisis presentado, el desafío ahora no es solo el cambio normativo sino cómo se implementa el sistema para que las respuestas del Estado no profundicen trayectorias de exclusión.
Un sistema distinto al de adultos
Durante las jornadas, tituladas “Justicia Penal Juvenil: una mirada integrada desde la evidencia, la práctica y el territorio”, los especialistas coincidieron en que el sistema penal juvenil no puede funcionar igual que el de adultos.
En la apertura, Rafael Ramírez Mesec, representante de Unicef Argentina, destacó que contar con datos confiables es clave para diseñar políticas públicas eficaces.
En ese contexto recordó que Argentina tiene una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina, con una proyección cercana a 4 cada 100 mil habitantes para 2024.
La jurista Mary Beloff explicó que en la mayoría de los países existen sistemas penales diferenciados para adolescentes.
Según señaló, reconocer esa especificidad no implica que los jóvenes no tengan responsabilidad por sus actos, sino que la forma de abordarla debe contemplar su etapa de desarrollo.
Qué dicen los datos sobre delito adolescente
Otro de los puntos que surgió en las jornadas fue la necesidad de dimensionar correctamente la participación de adolescentes en el delito.
El sociólogo Gabriel Kessler presentó datos del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires que muestran que solo el 2,2% de las denuncias por delitos en 2023 involucraron a niñas, niños o adolescentes.
En 2009 esa proporción había sido del 4,2%, lo que muestra además una tendencia descendente.
Para los especialistas, estos datos permiten desarmar discursos alarmistas que asocian automáticamente juventud y delito y refuerzan la necesidad de diseñar políticas basadas en evidencia.
El aporte de la neurociencia
El neurólogo infantil Guillermo Agosta explicó que existen diferencias comprobables entre el cerebro adolescente y el cerebro adulto.
Durante la adolescencia, áreas clave vinculadas con el control de impulsos, la toma de decisiones y la evaluación de riesgos todavía están en proceso de maduración.
Estas características influyen en la manera en que los adolescentes reaccionan frente a determinadas situaciones.
Por eso, los especialistas advirtieron que respuestas punitivas tempranas pueden tener efectos contraproducentes y aumentar la exclusión social.
Justicia restaurativa y experiencias en territorio
Otro de los ejes destacados fue la justicia restaurativa, un enfoque que busca que el adolescente asuma responsabilidad por el daño causado, pero al mismo tiempo reciba acompañamiento para reconstruir su proyecto de vida.
La jueza Marta Pascual compartió la experiencia de la provincia de Buenos Aires en el desarrollo de programas con este enfoque.
Según explicó, estas prácticas promueven la responsabilización del adolescente, la reparación del daño y la contención comunitaria.
Las experiencias territoriales presentadas durante las jornadas mostraron que cuando el sistema prioriza el acompañamiento socioeducativo, aumentan las posibilidades de reinserción social.
El rol de los municipios y la articulación institucional
El segundo encuentro organizado por UNICEF, realizado en abril de 2025, se centró en la prevención del conflicto penal juvenil y en el rol de los gobiernos locales.
En ese marco se presentó un relevamiento sobre programas sociales dirigidos a adolescentes en contacto con el sistema penal.
Entre las experiencias analizadas se destacó el programa “Involucrados”, desarrollado en el municipio de Almirante Brown, que acompaña a jóvenes que cumplen medidas judiciales para retomar estudios o insertarse laboralmente.
La entonces secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana del municipio, Paula Eichel, destacó la importancia de la coordinación entre distintas áreas del Estado.
Según explicó, programas de este tipo requieren la participación conjunta de educación, desarrollo social, salud, seguridad y justicia.
El fiscal Adrián Grimaldi agregó que el fuero penal juvenil tiene un objetivo distinto al sistema penal de adultos.
Su finalidad, explicó, no es únicamente sancionar, sino generar oportunidades de reparación y reintegración social.
Tres niveles para prevenir el conflicto penal
Desde el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, el funcionario Pablo Lachener propuso pensar el sistema en tres niveles de intervención:
- evitar que los adolescentes ingresen al sistema penal,
- acompañar a quienes cumplen medidas judiciales,
- y promover políticas de inclusión social al egresar.
Según explicó, ninguna de estas acciones puede sostenerse sin una articulación real entre el sistema judicial, las políticas sociales y los organismos de protección de derechos.
Prevenir antes que castigar
El cierre de las jornadas estuvo a cargo del ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense Sergio Gabriel Torres, quien remarcó que los delitos cometidos por adolescentes suelen reflejar problemas sociales previos.
Por eso, sostuvo que las respuestas del Estado deben priorizar la prevención y la inclusión.
Las conclusiones del documento coinciden en que la reforma del sistema penal juvenil debe apoyarse en tres pilares: responsabilización, educación y reinserción social.
Para los especialistas, el verdadero desafío comienza ahora: que la implementación de la nueva ley permita construir un sistema que reduzca la reincidencia y genere oportunidades reales para los adolescentes.
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