Un fallo en Córdoba y la investigación por presunta trata de personas volvieron a poner bajo la lupa la gestación por sustitución en Argentina. El vacío legal, las tensiones éticas y la falta de un marco regulatorio exponen tanto a las familias como a las mujeres gestantes y a los bebés. Mientras la Corte Suprema insta al Congreso a legislar, expertos advierten que sin reglas claras, los derechos de los niños y las mujeres vulnerables siguen en riesgo.
La reciente decisión judicial que declaró en situación de adoptabilidad a un bebé nacido por gestación por sustitución en Córdoba reavivó el debate sobre esta práctica.
El caso, en el que la mujer francesa que había encargado el embarazo desistió de su voluntad procreacional y la gestante, en situación vulnerable, no pudo asumir la maternidad, expuso con crudeza el vacío legal que existe en el país.
La jueza María de los Ángeles Pascual fue tajante: el niño fue tratado “como un producto rechazado” y advirtió que “la vida no es un producto, y un niño no es un objeto que puede ser devuelto si no cumple expectativas”.
Un limbo legal que favorece los conflictos
En Argentina, la gestación por sustitución (GPS) no está regulada: ni prohibida ni legalizada. Este vacío ha permitido que, en ausencia de una ley, cada caso se resuelva de forma discrecional en los tribunales.
La Corte Suprema ratificó recientemente el artículo 562 del Código Civil y Comercial, que considera madre a quien da a luz, incluso si no tiene voluntad procreacional.
Esa postura, interpretada por especialistas como un retroceso, obliga a inscribir al recién nacido a nombre de la gestante y obliga luego a complejos procesos de adopción de integración para reconocer al padre o la madre intencional.
Natalia de la Torre, abogada especialista en filiación, cuestionó este enfoque por desconocer el derecho del niño a una identidad basada en la voluntad procreacional y la socioafectividad: “No es lo mismo una adopción de integración que un vínculo filial reconocido desde el inicio”, señaló. Por su parte, el fiscal federal Carlos Gonella advirtió que la resolución limita abusos futuros pero desincentiva la técnica en un contexto sin reglas.
Sospechas de trata y turismo de fertilidad
La causa abierta por los fiscales federales Enrique Senestrari, Gonella y Alejandra Mangano investiga 14 casos en Córdoba por presunta trata de personas y explotación de mujeres gestantes. Se busca establecer si hubo captación de mujeres en extrema vulnerabilidad para ofrecerlas como “vientres de alquiler”.
El escenario preocupa: tras la guerra en Ucrania, un país clave para la subrogación comercial, Argentina comenzó a aparecer en foros internacionales como un destino “accesible” por su sistema de salud, sus costos y la falta de control.
La investigación sacudió a los Tribunales de Familia, donde algunos magistrados admitieron que deberán agudizar controles, no solo sobre las parejas solicitantes sino también sobre las clínicas y profesionales que intermedian.
Gabriel Tavip, juez de Familia, reconoció que “la causa federal marca un alerta a futuro” y que será necesario verificar informes médicos y psicológicos de manera más estricta.
Entre historias dolorosas y experiencias positivas
El caso cordobés no es aislado. Hubo otros episodios en los que los padres intencionales desconocieron al bebé, como la ciudadana francesa, pero también experiencias en las que la gestación por sustitución permitió formar familias sin conflictos.
En Buenos Aires, durante siete años se inscribieron niños por GPS sin control judicial, hasta que un tribunal revocó esa facilidad y dejó más de 160 casos bajo revisión.
En paralelo, organizaciones y especialistas advierten que la criminalización pura y dura de la práctica no resuelve el problema: la falta de reglas claras expone tanto a las mujeres gestantes como a los niños. “La ausencia de ley, ante el potencial económico de las biotecnologías, termina imponiendo las lógicas del mercado”, alertó De la Torre.
Una discusión que el Congreso sigue postergando
Desde 2013 se han presentado más de 20 proyectos de ley para regular la GPS. Algunos proponían modelos altruistas, como en Uruguay o Puerto Rico, donde solo se permite entre familiares.
Otros sugerían marcos mixtos con control estatal estricto. Pero las pujas políticas, la presión de grupos conservadores y la falta de consenso han bloqueado cualquier avance.
Mientras tanto, las familias enfrentan incertidumbre. Los niños pueden quedar temporalmente institucionalizados o en acogimiento, como el bebé cordobés, hasta que un juez resuelva su situación. La Corte Suprema exhortó nuevamente al Congreso a legislar, pero el contexto político actual, marcado por retrocesos en derechos civiles, no augura una solución inmediata.
El llamado de los jueces y la sociedad civil
El fallo de Pascual y la investigación federal muestran que no se trata solo de técnicas de reproducción asistida: hay vidas en juego. Como señaló la magistrada: “Nunca un niño puede ser tratado como un encargo. Toda vida humana merece ser bienvenida como sujeto amado”.
El desafío es encontrar un marco que proteja a todos: garantizar la autonomía de las gestantes, evitar su explotación, resguardar el interés superior del niño y reconocer los vínculos socioafectivos de las familias.
Sin reglas claras, la gestación por sustitución en Argentina seguirá siendo un terreno inseguro, donde la biotecnología avanza más rápido que el derecho.
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