Por primera vez desde la crisis del 2002, la Argentina registró un incremento en su tasa de mortalidad infantil, quebrando una tendencia de descenso sostenido de más de veinte años.
Según los datos del informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación revelado por Chequeado, la tasa que mide los fallecimientos de niños y niñas antes de cumplir el primer año de vida pasó de 8 a 8,5 por cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024.
Este incremento de 0,5 puntos es el más significativo en dos décadas.
Aunque el número absoluto de muertes descendió de 3.689 a 3.513 casos, la tasa aumentó debido al drástico descenso en la natalidad y fecundidad en el país.
Causas y factores de riesgo
Los especialistas y exfuncionarios atribuyen este fenómeno al empeoramiento de la pobreza y de las condiciones sociosanitarias.
Adolfo Rubinstein, exministro de Salud, señaló que esta situación comenzó en la pandemia y se agravó durante las gestiones de Alberto Fernández y el primer año de Javier Milei.
Las principales causas de decesos se relacionan con:
- Afecciones perinatales y malformaciones congénitas: Factores determinantes en la mortalidad neonatal (primeros 27 días).
- Factores ambientales: Infecciones y trastornos respiratorios que impactan en la etapa posneonatal, influenciados por las condiciones socioeconómicas.
- Dificultad en el acceso: El empeoramiento de las condiciones laborales y el desempleo dificultan los controles preventivos, limitando el contacto con el sistema de salud a situaciones de guardia o urgencias.
Desigualdad regional: el mapa de la mortalidad
El informe revela brechas alarmantes entre las provincias.
Mientras que la Ciudad de Buenos Aires registra la tasa más baja con 4,9 decesos por cada mil nacidos vivos, otras regiones superan ampliamente el promedio nacional.
Las provincias con las tasas más altas en 2024 fueron Corrientes (14), Chaco (11,8) y La Rioja (11,7).
Resulta particularmente preocupante el caso de Corrientes, que casi duplicó su tasa respecto al año anterior, pasando de 7,5 a 14.
Expertos advierten que disminuyó el rol rector del Ministerio de Salud, dejando a las provincias la resolución individual de políticas que requieren una coordinación nacional estratégica para proteger a la población más vulnerable.
