En medio del debate público sobre la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad en Argentina, UNICEF difundió su posicionamiento sobre justicia penal juvenil y llamó a avanzar hacia una reforma integral del sistema, basada en estándares internacionales, evidencia científica y enfoque de derechos.
Desde el organismo sostienen que el país necesita debatir y sancionar una ley de justicia penal juvenil moderna, que garantice el acceso real a la justicia, el debido proceso y medidas que prioricen la prevención del delito y la reincidencia, incorporando además perspectivas restaurativas y de reparación hacia las víctimas.
Según Unicef Argentina, cualquier adecuación normativa debe contemplar un sistema especializado que tenga en cuenta la madurez y el desarrollo evolutivo de niñas, niños y adolescentes, así como su capacidad real de comprender las consecuencias de sus actos.
Desarrollo cerebral y responsabilidad penal
Uno de los puntos centrales del posicionamiento se basa en la evidencia científica sobre desarrollo adolescente.
Según el Comité de los Derechos del Niño, los estudios en desarrollo infantil y neurociencia muestran que entre los 12 y 13 años la corteza frontal, clave para la toma de decisiones, el control de impulsos y el pensamiento abstracto, todavía está en desarrollo, lo que limita la comprensión plena de las consecuencias de los actos o de los procesos judiciales.
Por eso, el Comité recomienda que los países establezcan la edad mínima de responsabilidad penal en al menos 14 años y advierte que aquellos Estados que tienen edades más altas, como Argentina, que la fija en 16, no deberían reducirla.
Seguridad ciudadana y derechos: dos ejes que deben convivir
UNICEF remarca que la seguridad ciudadana es un derecho fundamental para todas las personas, incluidos niños y adolescentes. Sin embargo, advierte que mejorar la seguridad no puede reducirse a bajar la edad de imputabilidad o aumentar penas.
Según datos citados por el organismo, la participación de adolescentes en delitos es baja en relación con la población adulta. Por ejemplo, solo el 2% de las investigaciones penales iniciadas en 2024 en la provincia de Buenos Aires correspondieron a adolescentes, mientras que el 98% involucró a personas adultas.
Además, la mayoría de los delitos cometidos por adolescentes están vinculados a delitos contra la propiedad, no a delitos violentos.
Privación de libertad: evidencia sobre reincidencia
Otro punto clave del posicionamiento es el impacto de la privación de libertad en adolescentes.
Según estudios internacionales citados por Unicef:
- Investigaciones de la Universidad de Harvard muestran que entre el 70% y el 80% de los jóvenes privados de libertad reinciden en el delito en los siguientes dos o tres años.
- Datos del Ministerio de Justicia de Chile indican mayores tasas de reincidencia en jóvenes sometidos a regímenes de encierro, frente a programas de libertad asistida.
- Investigaciones en Argentina señalan que quienes ingresan al sistema penal a edades más tempranas tienden a desarrollar trayectorias delictivas más largas.
Por eso, el Comité de los Derechos del Niño recomienda que la privación de libertad sea siempre el último recurso y por el menor tiempo posible.
Qué propone Unicef para una justicia juvenil efectiva
El organismo plantea que una reforma de la justicia juvenil debe contemplar:
- sistemas especializados para adolescentes
- sanciones proporcionales y graduales
- justicia restaurativa
- alternativas a la judicialización
- programas socioeducativos
- políticas de prevención vinculadas a educación, salud mental y protección social
También señala la necesidad de fortalecer el Sistema de Protección Integral de la Ley 26.061, para detectar y abordar tempranamente factores de riesgo como abandono escolar, consumos problemáticos o violencia.
Un debate que excede lo penal
Desde UNICEF remarcan que la respuesta a la inseguridad debe ser integral. Intervenir sobre las causas estructurales del delito, generar oportunidades y construir trayectorias educativas y laborales son factores clave para prevenir nuevas víctimas y mejorar la seguridad.
En esa línea, el Comité de los Derechos del Niño recomendó recientemente a Argentina mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años, promover la justicia restaurativa y priorizar medidas alternativas al encierro, como mediación, trabajo comunitario o acompañamiento psicológico.
Para el organismo, una justicia juvenil moderna, basada en evidencia y en derechos, no solo protege a niñas, niños y adolescentes, sino que también contribuye a mejorar la seguridad ciudadana y reducir la reincidencia.
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