La nueva legislación nacional busca regular la responsabilidad de los menores ante el delito, un debate que genera fuerte impacto en las dinámicas de contención familiar y escolar.
Este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en la Argentina el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que permite imputar legalmente a adolescentes de 14 y 15 años por hechos delictivos.
Esta reforma legal, sancionada como Ley 27.801 por el Senado de la Nación en febrero, redefine por completo el marco judicial aplicable a los menores hasta que cumplan los 18 años.
Para las familias y educadores, resulta sumamente importante conocer el alcance de estas modificaciones debido a las consecuencias directas que introduce en la vida de los chicos y en el sistema de contención social.
Los cambios fundamentales de la nueva ley penal
La implementación del nuevo régimen legal introduce modificaciones estructurales en el tratamiento de los menores que cometen infracciones al Código Penal.
A continuación, detallamos la cantidad de cambios clave que introduce la normativa:
- Como primer cambio, la ley establece que los adolescentes de 14 y 15 años ahora son penalmente responsables por sus actos, cuando anteriormente la imputación comenzaba a los 16 años.
- Respecto a las penas graves, los jóvenes que cometan homicidios, abusos o robos violentos serán procesados mediante un juicio penal y podrán ser alojados en centros de detención.
- Para las infracciones menores, la justicia aplicará medidas alternativas que incluyen la prisión domiciliaria, la realización de tareas comunitarias o reparaciones de tipo económico.
- En cuanto a las condenas máximas para delitos graves, la normativa dispone una reducción del límite de prisión de 20 a 15 años para los menores de edad.
- Finalmente, se prevé de forma obligatoria la creación de institutos especializados con personal capacitado y programas educativos para promover la resocialización de los jóvenes.
Cuestionamientos y desafíos para la sociedad
Los funcionarios judiciales y expertos advierten que las fiscalías y juzgados especializados deberán absorber un aumento de causas de entre el 40% y el 80% con la misma estructura y recursos que disponen en la actualidad.
A su vez, muchos especialistas de la niñez sostienen que la ley no resuelve los problemas de fondo como la deserción escolar o la falta de contención en clubes, parroquias y centros comunales.
