El Gobierno Nacional introdujo un cambio fundamental que impacta directamente en el presupuesto familiar y en la planificación educativa de miles de hogares: la desregulación total de los aranceles en los colegios de gestión privada.
Mediante el Decreto 787/2025, se eliminó la antigua normativa que regulaba estrictamente el sistema de cuotas y matrículas en escuelas privadas durante más de tres décadas.
Esta decisión, que deroga el Decreto 2417/1993, permite ahora que los institutos privados fijen sus propios valores sin necesidad de autorización previa del Estado nacional.
Para ustedes, padres y madres que día a día se esfuerzan por garantizar la mejor educación, es crucial entender qué significa este cambio.
¿Por qué cambia el sistema de cuotas?
Según los fundamentos del decreto, el antiguo sistema de control estatal sobre los precios generaba "efectos contraproducentes" para la viabilidad económica de las instituciones educativas.
La obligación de informar los montos con anticipación considerable y la necesidad de obtener autorización estatal para cualquier modificación limitaba la capacidad de los colegios para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y a los costos operativos (como insumos o salarios).
Pero el argumento clave que apela directamente a las familias es el siguiente: según el Gobierno, la intervención estatal perjudicaba a las familias.
Esta postura planea que, ante la incertidumbre y la rigidez de la regulación, los colegios solían fijar cuotas más elevadas de lo necesario desde el inicio del ciclo lectivo.
¿La razón? El temor a enfrentar costos futuros que no podrían cubrir sin la burocracia de la aprobación estatal.
Este mecanismo, de acuerdo con el Gobierno, limitaba la capacidad de las familias para elegir establecimientos de enseñanza acordes a sus posibilidades económicas.
Cabe aclarar que el impacto de la medida será dispar entre las instituciones privadas de todo el país debido a que las escuelas son administradas por los ámbitos provinciales y en algunas jurisdicciones el cobro de cuotas y matrículas ya estaba desregulado.
Ese es el caso, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, donde lo único que cambia es que los incrementos en los montos ya no deberán ser comunicados al ministerio nacional.
Con esa salvedad, habrá que ver si las expectativas oficiales se condicen en la práctica o si la liberación de los topes lleva a una disparidad muy marcada entre las instituciones, alejando a ciertos grupos sociales de las escuelas más solicitadas.
Qué implica la desregulación de cuotas y matrículas
Con la eliminación del control, los colegios ahora tienen la libertad de definir sus políticas de precios y compensaciones en un marco de "competencia leal" y en función de las demandas del mercado.
El Ejecutivo busca resguardar el principio de libre contratación de las entidades privadas.
El espíritu de la medida apunta a que una mayor libertad de gestión y la competencia entre instituciones generen una adaptación de precios más eficiente.
En teoría, al no tener que cubrirse ante la rigidez regulatoria, las cuotas deberían reflejar mejor los costos reales, estima el Gobierno.
Sin embargo, en el nuevo contexto, la vigilancia parental será esencial.
- Mayor transparencia: Las instituciones deben ser claras al definir sus condiciones de contratación y sus políticas de precios.
- Foco en la calidad: El decreto advierte que la rigidez tarifaria anterior podía llevar a una precarización de la calidad educativa. La esperanza es que la libertad de fijar precios sin autorización estatal permita a los establecimientos responder adecuadamente a los costos y mantener o mejorar la calidad de enseñanza.
El Ministerio de Capital Humano revisará ahora las pautas que rigen el sistema de financiamiento de la educación privada (Decreto 2542/1991) para proponer modificaciones que se alineen con este nuevo esquema.
La clave para las familias estará en evaluar la relación precio-calidad de cada instituto en este nuevo escenario de libre mercado.
