La baja de la edad de imputabilidad en Argentina ya es una realidad tras la aprobación de la nueva ley. Especialistas analizan qué dice la evidencia científica sobre adolescentes y sistema penal.
El Senado aprobó el viernes pasado la reforma del Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La decisión convierte en ley uno de los cambios más debatidos en materia de justicia juvenil de las últimas décadas.
La norma busca modificar el régimen vigente desde 1980 e incorporar nuevas herramientas procesales y sanciones diferenciadas para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Pero más allá del nuevo marco normativo, la pregunta que sigue abierta es qué dice la evidencia científica sobre los adolescentes que delinquen y cómo impactan este tipo de decisiones en sus trayectorias.
Tres especialistas analizaron el tema en diálogo con Crecer Hoy.
El cerebro adolescente: no es igual al adulto
Para la doctora en Psicología Clínica y de la Salud Karin Arbach, docente de la UNC e investigadora del Conicet especializada en conducta delictiva, cualquier reforma debería contemplar el conocimiento científico sobre el desarrollo adolescente.
“No deberían descuidar los aportes de la ciencia ni que el cerebro de un adolescente funciona de manera diferente al de un adulto”, señaló.
Arbach remarcó que las áreas cerebrales vinculadas a la toma de decisiones complejas, el control de impulsos y la evaluación de consecuencias aún no están completamente desarrolladas en la adolescencia, especialmente en contextos de vulnerabilidad.
Desde su experiencia en valoración del riesgo de violencia, advierte que la respuesta penal debería priorizar intervenciones comunitarias y no el encierro como primera opción.
“Se ha demostrado que si muy temprano se da una respuesta altamente restrictiva como la privación de libertad, ese proceso natural de desistencia delictiva puede verse interrumpido y producir lo contrario: aumentar la reincidencia”, explicó.
La especialista subrayó que muchos adolescentes que entran en conflicto con la ley ya venían atravesando factores de riesgo previos: desvinculación escolar, consumos problemáticos o contextos sociales criminógenos.
“La Justicia debería proveer los servicios que ese adolescente necesita para reducir la reincidencia: salud mental, tratamiento por consumos, vinculación con la escuela”, sostuvo.
Un cerebro en construcción
Desde la neuroeducación, la psicopedagoga Mariana Savid Saravia plantea que el debate no puede desligarse del desarrollo cerebral.
“Detrás de cada adolescente que delinque hay un cerebro que aún se está construyendo”, afirmó en diálogo con Crecer Hoy.
Durante la adolescencia, explicó, el sistema límbico, relacionado con la emoción y la impulsividad, está altamente activo, mientras que la corteza prefrontal, encargada de la planificación y el control, aún está madurando.
Esto genera una asimetría que puede traducirse en conductas impulsivas.
“Es como tener un motor de Fórmula 1 con frenos de bicicleta”, ejemplificó.
Savid Saravia advierte que el encierro puede reforzar circuitos de violencia en lugar de promover procesos reflexivos.
“El adolescente encarcelado no aprende a reflexionar: aprende a sobrevivir”, explicó, señalando que estos entornos suelen profundizar la desconfianza y la agresividad.
Además, remarca que la conducta delictiva rara vez surge de forma repentina.
“Cuando un adolescente delinque, muchas veces estamos viendo el resultado de un fracaso colectivo previo: abandono, violencia, exclusión”, sostuvo.
Infancias interrumpidas
Desde una mirada clínica, la psicóloga Carolina Verón también plantea que el análisis debería comenzar antes del delito.
“Antes de pensar en bajar la edad de imputabilidad, hay que pensar en cómo crecen estos niños”, señaló en diálogo con Crecer Hoy.
Según explica, muchos adolescentes que cometen delitos atravesaron infancias marcadas por carencias materiales y afectivas.
“Son chicos que no han podido vivir una niñez ni una adolescencia saludables. Pasan de la infancia a la adultez sin los procesos psicológicos necesarios”, indicó.
Esto genera una situación compleja: poseen la fuerza biológica y la impulsividad propias de la adolescencia, pero no la madurez emocional para reflexionar sobre las consecuencias de sus actos.
“Actúan impulsos más que decisiones”, sostuvo.
Para Verón, factores como la falta de vínculos afectivos estables, el maltrato o la exclusión educativa deben formar parte del análisis.
“Antes de debatir esta ley, deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para garantizar derechos básicos desde la primera infancia”, concluyó.
Más allá de la sanción
La nueva ley marca un cambio en el sistema penal juvenil argentino. Sin embargo, las especialistas coinciden en que la prevención, la intervención temprana y el fortalecimiento de entornos protectores siguen siendo factores clave para reducir el delito y la reincidencia.
La evidencia internacional muestra que las políticas que combinan educación, salud mental y acompañamiento social suelen tener mayor impacto que las respuestas centradas exclusivamente en el castigo.
En ese marco, el desafío que se abre ahora es cómo implementar la nueva normativa sin perder de vista el desarrollo, la historia y las condiciones de vida de los adolescentes que entran en conflicto con la ley.
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