La Provincia formalizó el protocolo para recuperar los gastos de seguridad generados por falsas alarmas y conductas de riesgo en colegios. Los padres deberán responder con su patrimonio por los actos de sus hijos en un plazo perentorio de cinco días.
Lo que tradicionalmente se consideraba una "travesura" adolescente escaló a un problema legal y financiero de magnitudes inéditas en la provincia de Córdoba.
Tras meses de alertas, el Gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos, que establece el mecanismo administrativo para que el Estado recupere el dinero invertido en despliegues policiales y de emergencia.
El nuevo protocolo: cinco días para pagar
El procedimiento se activa una vez que el Ministerio Público Fiscal identifica a los autores de la amenaza y a sus adultos responsables.
A partir de allí, se elabora un expediente que cuantifica los recursos afectados, incluyendo personal policial, brigadas de explosivos, servicios de emergencia y logística especial.
Una vez determinado el gasto, la Provincia intima al pago en un plazo de solo 5 días. Si la familia no cumple, la Fiscalía de Estado iniciará acciones judiciales para asegurar el cobro. Esta medida busca garantizar el uso responsable de los recursos públicos y desalentar la ola de intimidaciones que afecta a la comunidad educativa.
Responsabilidad legal y costos en juego
Aunque estimaciones previas a la oficialización mencionaban cifras de hasta 16 millones de pesos por operativos de gran magnitud, las autoridades indicaron que los costos definitivos se ajustarán a cada intervención específica, sugiriendo montos menores pero sujetos a la cuantificación del gasto real incurrido.
El respaldo de esta medida no es una simple multa, sino el Código Civil y Comercial de la Nación.
Esta normativa establece que los progenitores son civilmente responsables por los daños causados por sus hijos menores, independientemente de que los adolescentes sean considerados inimputables por su edad.
Un desafío para la crianza y la educación
Hasta el momento, ya se contabilizan 29 alumnos imputados y otros 22 identificados en la ciudad de Córdoba.
Para padres y docentes, este escenario es una oportunidad urgente para conversar sobre la "huella digital" y la gravedad de los mensajes en redes sociales.
