La educación mendocina vuelve a ser el epicentro de un intenso debate a raíz de la última innovación implementada por la Dirección General de Escuelas (DGE) en su plataforma digital GEI PAD, donde padres y tutores pueden ahora notificar directamente la inasistencia de un docente.
- Cómo funciona la notificación parental
- ¿Transparencia o “Gran Hermano” educativo?
- Golpe al bolsillo de los docentes
Si bien la DGE defiende la medida como un avance hacia la transparencia y el fortalecimiento de la seguridad laboral, los sindicatos docentes reaccionaron con un "pataleo" formal, calificando la acción como un sistema de "vigilancia" que aumenta la conflictividad escolar.
Cómo funciona la notificación parental
El GEI PAD es la plataforma que reemplazó al antiguo GEM, diseñada para ofrecer a las familias acceso a información crucial sobre sus hijos, como calificaciones, horarios y certificados de alumno regular.
La novedad se encuentra en un ícono de un sobre rotulado como "inasistencia docente". Los padres, al ingresar con su usuario y contraseña, pueden ver el listado de profesores de su hijo y tienen la posibilidad de "notificar" si alguno no se presentó a dar clases.
La DGE subraya que esta notificación no es anónima; debe estar vinculada al nombre y apellido del padre o tutor, una medida que busca evitar abusos y acusaciones infundadas, brindando un marco de mayor transparencia.
Esta acción suma una capa adicional de control cruzado.
La información reportada por las familias se cruza con el registro oficial que ya maneja la dirección de la escuela.
Es importante aclarar que el control de presentismo ya operaba en dos niveles: el reporte de la dirección de cada establecimiento y el estricto control biométrico (reloj biométrico) que registra el rostro, la hora de entrada y la hora de salida de los educadores en casi todas las escuelas de Mendoza.
Ahora, la incorporación de los padres eleva este mecanismo a un triple control.
¿Transparencia o “Gran Hermano” educativo?
La medida, impulsada bajo la conducción de Tadeo García Zalazar en la DGE, se sostiene en la narrativa oficial de un modelo más participativo y transparente.
Desde el gobierno provincial argumentan que la decisión "fortalece la actividad docente" al resguardar a los educadores de acusaciones sin sustento, ya que el registro de asistencia siempre será validado por los directivos, ofreciendo mayor seguridad jurídica y laboral.
Sin embargo, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) se opuso formalmente, enviando una nota a la DGE.
Para la dirigencia gremial, esta función representa una nueva vuelta de tuerca al control sobre los docentes, buscando involucrar a los padres en un sistema de "vigilancia" que algunos tildaron de promover un "Gran Hermano" en las escuelas.
Los sindicalistas señalan que esta promoción de la delación no tiene sustento, pues los docentes ya están estrictamente controlados y deben justificar sus inasistencias por sistema con certificados médicos.
La preocupación principal radica en el riesgo de que la DGE intente "cruzar datos" (la denuncia parental versus la justificación del docente) para endurecer aún más los mecanismos de auditoría.
Representantes del SUTE alertaron que el desconocimiento de las circunstancias de la falta por parte de los padres generará "graves perjuicios para los docentes y grandes tensiones entre docentes y la comunidad educativa", pronosticando un aumento de la conflictividad escolar.
Golpe al bolsillo de los docentes
El nuevo canal de reporte parental no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una política de presentismo intensificada en Mendoza desde 2016.
Esta política está marcada por el controvertido “ítem aula”, un adicional salarial significativo que el docente pierde ante cualquier inasistencia (incluyendo paros y huelgas).
Si bien este ítem redujo el ausentismo de manera exponencial, el SUTE denunció que obliga a algunos maestros a asistir a trabajar incluso estando enfermos para no perder el monto, poniendo en riesgo tanto su salud como la de los alumnos (al tratarse de enfermedades contagiosas como una gripe o conjuntivitis).
Adicionales como el de "arraigo" también se pierden con las faltas.
En este contexto de penalización económica estricta, la incorporación de los padres como agentes de control refuerza la narrativa oficial que asocia la calidad educativa exclusivamente con la presencia física del docente, dejando de lado las condiciones laborales o sanitarias.
El contexto se agrava si se tiene en cuenta que muchos docentes, incluso con plus salariales, reciben por sus tareas una remuneración mensual que apenas completa la mitad de una canasta básica alimentaria.
En ese marco, el caso de Mendoza no sólo plantea el interrogante sobre si es necesario sumar un nuevo control a los dos ya establecidos a la hora de hablar de presentismo.
Abre también la discusión sobre las atribuciones de los padres en medidas que puedan resultar en sanciones al personal docente y en consiguientes pérdidas a un salario ya de por sí bajo para la tarea que realizan.
